SE LE OTORGO EL PRIVILEGIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA A ELBA ESTHER, A 42 MUJERES CON MÁS DE 70 AÑOS
De la corresponsalía
Ciudad de México-. Así es el privilegio de llamarse Elba Esther Gordillo: mientras 42 ancianas esperaban la aplicación de la ley que les permitiría terminar sus sentencias en prisión domiciliaria, a la millonaria lideresa sindical se le otorgó ese "privilegio", uno de muchos que gozó cuando estuvo privada de su libertad.
En diciembre del año pasado, Elba Esther Gordillo salió de una clínica privada en la lujosa zona de Lomas de Chapultepec --donde pasaba sus noches "recluida" por su "grave" estado de salud-- rumbo a su millonario departamento en Polanco para cumplir con la prisión domiciliaria que le concedió un juez.
La razón, argumentó su equipo legal, fue que la sindicalista tenía 72 años. Sus abogados reclamaban un gesto humanitario del gobierno ante la edad avanzada de su clienta, pero ocho meses después, ya exonerada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y reaparecida ante los medios de comunicación, ni Elba Esther Gordillo ni sus abogados dedicaron ni una palabra a las ancianas encarceladas que se quedaron atrás y luchan por esa concesión.
En México, las internas e internos que tienen más de 70 años pueden pedir a un juez que se les permita concluir su sentencia en casa o en un centro médico geriátrico para que no mueran en prisión, según establece el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre adultos mayores encarcelados, publicado en septiembre de 2017 --cuando Elba Esther Gordillo seguía como interna-- daba cuenta que en el país había, en ese entonces, 209 mil 782 personas en prisión. De ellas, había 42 mujeres y mil 461 hombres con más de 70 años.
La vida de una anciana encarcelada no es fácil: oscila entre la enfermedad y el abandono. Así está registrado en la investigación de la CNDH.
Al 44 por ciento de la población de adultos mayores se les ubica en la parte alta de las literas; el 29 por ciento necesita una silla de ruedas o andaderas para moverse por los reclusorios, pero no hay rampas; el 11 por ciento no puede inscribirse a programas de atención para la reinserción social; el 8 por ciento no tiene dietas adecuadas para sus contrarrestar sus padecimientos; y el 1 por ciento no tiene prótesis o aparatos ortopédicos necesarios para moverse.
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