EXPORAN LAS NECESIDADES IMUMI SIN FRONTERAS- ADOLECENTES Y JOVENES HONDUREÑOS EN MÉXICO.

EXPORAN LAS NECESIDADES IMUMI SIN FRONTERAS- ADOLECENTES Y JOVENES HONDUREÑOS EN MÉXICO.

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De la corresponsalía 

Ciudad de México-. Durante 2019, Psicólogos Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), con el apoyo del Fondo Semillas, realizaron una investigación exploratoria sobre las necesidades de las adolescentes y jóvenes hondureñas en México con el objetivo de conocer sus experiencias y perspectivas, su capacidad de agencia, las implicaciones de su desplazamiento, y sus necesidades en el país. 

La investigación, "Adolescentes y jóvenes hondureñas en México: una mirada exploratoria sobre sus necesidades y acceso a derechos" no es un documento exhaustivo pero sí busca generar acciones conjuntas encaminadas a brindar soluciones duraderas a las necesidades de protección internacional, desarrollo personal e integración social que requiere dicha población. 

A través de actividades psicolúdicas, 30 adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años de edad en albergues de Tijuana y Ciudad de México señalaron a la violencia, ya sea por parte de pandillas, hacia ellas o sus familias, y a la violencia familiar como una de las principales razones para migrar. 

En promedio, las jóvenes tenían 14 años de edad y 7 años de escolaridad acumulada. Veintidós eran solteras; siete estaban unidas; seis realizaron el viaje junto con su pareja e hijas e hijos; y una emprendió el viaje solo con su hija. Entre las jóvenes de 18 a 24 años de edad se observó una tasa alta de fecundidad -13 son madres y 5 estuvieron embarazadas en algún punto del viaje y/o estancia en México. 

Aunque la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen la no detención de la niñez y adolescencia migrante en estaciones migratorias, más de la mitad de las adolescentes y jóvenes estuvieron detenidas entre 2 y 90 días. 

Para estas mujeres se vuelve casi imposible: 1)acceder a la educación, muchas veces supeditada a su estatus migratorio; 2)contar con un trabajo digno que les permita conciliar los cuidados que deben proveer a sus familias; y 3)acceder a servicios de salud, incluida la psicológica y/o emocional, y sexual y reproductiva. 

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil llaman a las autoridades mexicanas, principalmente a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a difundir ampliamente las modificaciones a la Ley General de Educación en la que se garantiza y facilita el acceso a la educación para toda la población en el país sin importar su nacionalidad, estatus migratorio o documentación; a promover iniciativas de acceso al empleo con perspectiva de género, que incluya desarrollar programas de cuidados para las y los hijos, a fin de permitir conciliar el trabajo y la familia; y a ampliar, especializar y garantizar el acceso a la salud, específicamente servicios de salud mental y sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes migrantes. 

Honduras es un país de ingreso bajo y de jóvenes. Su población es de alrededor de 8 millones de personas, 7 de cada 10 son pobres y 47 por ciento son menores de 20 años de edad. Entre 2014 y 2017, más de 200 mil niñas, niños y adolescentes tuvieron que dejar la escuela ya que en su trayecto entre la casa y la escuela eran acosados por las pandillas locales. Las mujeres encaran una intersección de discriminaciones que aumentan su exclusión. A la violencia familiar, además de física, involucra una distribución desigual de la comida, la salud, la educación y la carga de trabajo del hogar. Mientras que la violencia por parte de las pandillas y grupos criminales se ha caracterizado como feminicida, convirtiéndose en territorio tanto de venganza como de desprecio y pocas veces acceden a la justicia