VIGGIANO EN LA CONAFE- LA ESTAFA MAESTRA

VIGGIANO EN LA CONAFE- LA ESTAFA MAESTRA

Posted by . on martes, 13 de agosto de 2019 0

De la corresponsalía

Ciudad de México-.Utilizando un mecanismo de subcontratación con factureras y a Diconsa de intermediario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) desvió 228 millones 140 mil 913 pesos en 2014, año en que Carolina Viggiano Austria fue titular de la dependencia federal, hacia sociedades domiciliadas -entre otros lugares- en la entidad natal de la entonces funcionaria: Hidalgo.

Viggiano, cabeza en la cadena de mando del 7 de diciembre de 2012 al 20 de enero de 2015, es esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y secretaria general del Comité Directivo Nacional del PRI, en fórmula con Alejandro Cárdenas.

En 2013 y 2014, ejercicios fiscales que sirvieron como base para documentar 'La Estafa Maestra' que desnudó la corrupción sistemática en el Gobierno federal con Enrique Peña Nieto, encabezó el organismo que atiende a población rural e indígena y se ocupa del rezago en educación inicial y básica. A los más pobres y marginados del país, pues.

Sin embargo, hay dos casos en particular que simbolizan su actuación.

Primero constituyó una estructura con empleados de confianza que no habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, pese a que la Secretaría de la Función Pública realizó un extrañamiento, durante todo el tiempo en que permaneció al frente de Conafe nunca regularizó la situación administrativa como señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Inclusive dentro del organigrama figuró Alejandro Verde López -hoy contratista en el Gobierno de Hidalgo– como director de Administración y Finanzas. El funcionario tiene parentesco sanguíneo con Cintia Margarita Paulín Verde, socia de la compañía domiciliada en Pachuca, El Mejor Calzado de Seguridad Industrial, S.A. de C.V., beneficiada de manera irregular con 19 millones 852 mil 500 pesos como intermediario en un ejercicio de subcontratación.

Posteriormente, aprovechando una circunstancia: el régimen fiscal de Diconsa, S.A. de C.V., considerada persona moral no lucrativa, Conafe le usó en 2014 como coartada para triangular 39 compras hacia Grupo Drakir, S.A. de C.V. por montos que iban desde 57 pesos hasta 139 millones 366 mil 878 pesos en una sola operación. En total le entregó 640 millones 823 mil 900 pesos en dicho ejercicio fiscal. Al no estar obligada a realizar la declaración informativa de operaciones con sus proveedores ante el SAT, como sí deben hacerlo empresas lucrativas, Diconsa adjudicó directamente los 39 contratos en operaciones presuntamente presenciales de las cuales no existe registro, y 'subcontrató por arriba de 49%', como informó la ASF.

El director de Diconsa entre 2013 y 2014, Héctor Velasco Monroy, fue coordinador de Giras en la campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto, y Carolina Viggiano Austria, por su parte, coordinadora de Vinculación con la Sociedad.

Y aquí viene lo interesante: la ASF informó que 'se emitió orden de visita domiciliaria a Grupo Drakir, S.A. de C.V., la cual no se llevó a cabo debido a que el personal que estuvo presente negó que tal empresa ocupara el inmueble visitado'. A raíz de lo anterior 'se comprobó que esta no contaba con capacidad técnica, material ni humana para la prestación del servicio'. En otras palabras: no era fantasma, aunque sí facturera. Traducido a números, la ASF fincó en 98 millones 567 mil pesos el desfalco por no tener conocimiento de pedidos firmados y autorizados, y 109 millones 721 mil 413 pesos más por no proporcionar evidencia de la entrega de los bienes.

El 12 de enero de 2015, ocho días antes de la renuncia de Viggiano al Conafe para contender por una diputación federal en Hidalgo, cargo que a la postre desempeñaría junto a la presidencia honoraria del DIF Coahuila, Grupo Drakir, S.A. de C.V., a través de su representante legal, presentó una cotización dirigida a Silvia Arleth Austria Escamilla, familiar de Viggiano y directora de Delegaciones y Concertación con el Sector Público, cargo sin atribuciones administrativas, para vender diccionarios Larousse por 24 millones 331 mil 450 pesos que se convertiría en su único, y último, convenio directo con Conafe. A partir de la fecha del fallo a su favor, que ocurrió el 5 de febrero, la razón social no volvió a ser favorecida en el resto del sexenio ni facturó más a dependencias y entidades del Gobierno federal ni de los gobiernos estatales y municipales, como se pudo verificar a través del sistema Compranet.

Pero si usted quiere seguir la ruta del dinero público perdido se topará con una situación kafkiana. Para empezar, la ASF determinó 'concluir con el seguimiento' a las observaciones vinculadas con Grupo Drakir, S.A. de C.V., identificadas con los folios 14-9-20VSS-12-0219-08-002 y 14-9-20VSS-12-0219-08-003, pues Diconsa le informó que fueron radicadas las denuncias DE.210/2016 y DE.211/2016. No pasó nada.

Luego, el domingo 17 de abril de 2016, un incendio consumió los archivos de Diconsa contenidos en aproximadamente 14 mil cajas de papel de 15 kilogramos cada una, correspondientes al periodo 1990-2016. El incidente ocurrió en la bodega ubicada en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, inmueble que había sido utilizado para tal fin desde 1992. Si bien el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztacalco II inició la carpeta de investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-2S/D/00484/04/2016 por la pérdida de 26 años de acervo documental de la dependencia, a la fecha no existen resultados.

Ese mismo año, el 4 de julio, Diconsa ordenó una reserva parcial por cinco años al expediente denominado Grupo Drakir, S.A. de C.V. 2014 (Programas Especiales) para que nadie pueda consultarlo, argumentando que 'la publicidad de la información relativa a los precios contenidos en los estudios de mercado pudiera perjudicar los intereses de Diconsa'. Cabe señalar que ocultaron específicamente las partes importantes del documento: 'precios unitarios y volumen contratado'.

 Cortita y al pie

Por lo demás, esos 19 millones 852 mil 500 pesos entregados a Elmeca, S.A. de C.V. sin justificación, sumados a los 208 millones 288 mil 413 pesos irregularmente a Grupo Drakir, S.A. de C.V., arrojan 228 millones 140 mil 913 pesos.

Como sucedió con funcionarios titulares de dependencias del Gobierno federal involucradas en la triangulación con universidades públicas en La Estafa Maestra, Viggiano también está protegida pues los ejecutores de transacciones irregulares son mandos medios de la dependencia que dirigió, y ella no firmó documento alguno que la incrimine directamente. Ahora bien, ¿cómo podría pasar desapercibido que cientos de millones de pesos desaparecieran de la oficina a su cargo?

La última y nos vamos

Rosario Robles, que tampoco rubricó ninguno de los convenios de Sedesol con empresas fantasmas, acaba de ser citada a comparecer en la Fiscalía General de la República y sus cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Voluntad política, se llama el juego: proceso penal para una, y Comité Directivo Nacional del PRI para otra.